La empresa responsable señaló el gobierno local fue el que incumplió con el contrato al no instalar una línea de voltaje especial para el funcionamiento de dicha pista
Autoridades del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli acompañados de la policía municipal desmantelaron y retiraron a trabajadores de la pista de hielo colocada en la explanada del palacio municipal bajo el argumento de una rescisión de contrato y embargo de las instalaciones propiedad de la empresa Paradise Rink Entertainment Group.
De acuerdo con el representante de la empresa Paradise Rink, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli fue el que incumplió con el contrato al no instalar una línea de voltaje especial para el funcionamiento de la pista lo cual, afirmó, está estipulado en el documento cuyo monto asciende a más de 1 millón 500 mil pesos.
Asimismo el empresario agregó que ha tenido que gastar alrededor de 600 mil pesos por concepto de la instalación de una línea de voltaje así como por pipas de agua que también tenía que haber proporcionado el Ayuntamiento.
Aunado a esto sostuvo que hubo abuso de autoridad por parte de los elementos del Grupo Táctico de la Policía Municipal que arribaron para retirar a los trabajadores, deteniéndolos para luego presentarlos a las galeras a dos empleados sin argumento legal alguno.
Mencionó que en un evento realizado en el pueblo de San Juan Atlamica coincidió con el alcalde Ricardo Núñez Ayala pero éste no le mencionó nada sobre algún conflicto con la prestación del servicio e incluso informó que el contrato incluyó la presentación del Grupo Cielo de Tambores Niche, en el pueblo mencionado.
Por su parte el director Jurídico del Ayuntamiento, Jorge Sampedro Solís, informó que será el alcalde Ricardo Núñez quien informe y aclare todos los problemas de la presente situación.
El gobierno municipal informó que la rescisión de contrato y embargo del equipo propiedad de la empresa se dio en garantía del resarcimiento del daño causado por su falta de operación, ya que desde el pasado 14 de diciembre esta nunca pudo funcionar correctamente.
De esta manera el contrato, cuyo monto es cercano a un millón 500 mil pesos, fue rescindido por parte del gobierno local y ejecutado por la Dirección General de Servicios Jurídicos quienes arribaron al lugar para retirar a los trabajadores quienes se mostraron reacios a dejar las instalaciones, motivo por el que fueron presentados ante el Juez Calificador por alteración del orden.
