A un año y nueves meses de la matanza de 22 civiles en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, la investigación sigue abierta y se continúan revelando detalles y declaraciones que contradicen la versión oficial sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

 

Este viernes el portal http://aristeguinoticias.com/ publicó la copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya que fue obtenida por la organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive).
Dicho documento fue entregado por la Procuraduría General de la República (PGR) al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

 

El Documento puede ser leído en el link:

http://es.scribd.com/doc/302226185/PGR-Tlatlaya-Auto-formal-de-prision-pdf

 

El Auto de Formal Prisión revela discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.

 

La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.

 

Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa.

 

No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.

 

Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.

 

La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.

 

El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.

 

La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:

“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.

 

Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.

 

Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.

 

Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.

 

El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.

 

El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.

 

El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.

 

Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.

 

Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.

 

Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

 

El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadounidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.

 

Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.