De aplicarse una nueva regularización para que todos los vehículos de contrabando llamados “chocolate” obtengan placas de circulación, los principales afectados serán los dueños de vehículos usados nacionales, pues los precios de reventa se verían mermados al incrementarse la oferta con unidades similares regularizadas, dijo la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los distribuidores de autos comentaron que el problema no se remite a que los autos “chocolate” sean regularizados y se queden en la zona fronteriza, sino que ya con placas de circulación podrán movilizarse a todo el país, impactando al mercado nacional de autos usados y, de manera colateral, al de automotores nuevos.

“Llevamos 20 procesos de regularización de vehículos ‘chuecos’ o ‘chocolate’ de contrabando en 20 años, y en vez de reducirse el problema o baje la delincuencia achacado a esto, lo único para lo que ha servido es para iniciar un nuevo ciclo de este fenómeno”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de AMDA.

No es coincidencia que tres de las próximas elecciones estatales coincidan con tres de los gobernadores que están empujando una nueva regularización este año: Francisco Vega de Lamadrid, por Baja California; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, y José Rosas Aispuro Torres, por Durango. “Sería una acción que brindaría muchos votos”, dijo el vocero de los distribuidores.

AMDA reconoció que existe un problema con la identificación de vehículos ilegales que han iniciado algunas autoridades estatales bajo el argumento de conocer el problema para arreglarlo, pero aseguró que han sido un fracaso por la baja asistencia de ciudadanos, ya que es precisamente esta situación de irregularidad la que les permite incumplir con el pago de impuestos y trámites.

AMDA recordó que el programa llamado Todos somos Juárez, implementado en Chihuahua en 2011, donde el presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, expidió engomados a vehículos ilegales y ahora se le están fincando responsabilidades legales por haberlo hecho sin tener facultades para ello.

Rosales Zárate reconoció el combate a la corrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que no se debe beneficiar a la ilegalidad regularizando el contrabando.