Los grupos parlamentarios del PRI y PVEM presentaron su documento con las observaciones a las leyes secundarias en materia anticorrupción, en donde destaca el retiro de los puntos controvertidos de la iniciativa ciudadana #3de3.
En el texto de más de cien páginas –que eventualmente se presentará este jueves en las comisiones dictaminadoras—se establece la obligación de todo servidor público o persona que reciba recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, de no conflicto de interés y fiscal, pero sin la obligatoriedad de hacerlas públicas.
También desecha la propuesta de PAN y PRD de que las autoridades realicen intervenciones telefónicas cuando se suponga existen actos de corrupción.
El documento, que fue distribuido esta mañana y publicado en el micrositio de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, también se establece dejar fuera del paquete dos de las siete leyes, para un análisis y discusión posterior, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como la Ley para la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Las cinco leyes que sí contempla el documento son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley General de Responsabilidades Administrativas (que es donde se ubica la iniciativa #3de3); la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, y la Ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La propuesta del PRI-PVEM, que fue analizada con las organizaciones ciudadanas promotoras de la iniciativa #3de3, establece 12 faltas administrativas graves en materia de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, daños al patrimonio de la nación, utilización indebida de información, abuso de funciones.
