Thursday 28 de March del 2024

POLICIA DE LA PGJEM ES APREHENDIDO POR FEMINICIDIO

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La aprehensión de Julio César Hernández Ballinas confirma nuevamente que Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio, como lo denunciaron la Señora Irinea Buendía Cortez y su familia desde el día en que sucedieron los hechos, el 28 de junio de 2010.


Para lograr lo anterior fue fundamental que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) realizara la investigación con perspectiva de género y debida diligencia, siguiendo los lineamientos dictados por la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo establecido en el protocolo de investigación del delito de feminicidio. Asimismo, la participación de las víctimas en la investigación fue un elemento fundamental para el conocimiento de la verdad.

La investigación, que estuvo a cargo del Grupo Especializado para la Atención del Caso, adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, recabó las siguientes pruebas para determinar la probable responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio como la coincidencia en señalar que la muerte de Mariana Lima Buendía fue debido a asfixia por estrangulamiento y no por suicidio asi como la existencia de fotografías, sobre  la manipulación del cuerpo y de la escena del crimen que al parecer el mismo acusado tomó.

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Se estableció que la reparación integral del daño a las víctimas, y ante la gravedad de los hechos se podría dictar una pena de hasta 70 años de prisión al probable responsable.

Pero queda pendiente que se investiguen y sancionen las omisiones, negligencias y obstrucción de justicia cometidas por agentes estatales en la investigación del caso.

El caso de Mariana Lima sienta un precedente en el Estado de México y para todo el país sobre la forma en que se deben investigar las muertes violentas de mujeres.

Por ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige a las instancias de procuración y administración de justicia que implementen los protocolos de investigación del delito de feminicidio y los criterios establecidos por la sentencia de la SCJN, garantizando la participación de las víctimas y familiares en su búsqueda de justicia y conocimiento de la verdad de los hechos.

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