El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó a legisladores mexiquenses iniciar una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Uso de la Fuerza Pública recién aprobada por el Congreso local, la cual fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, a fin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la verdad jurídica y constitucional de dicha legislación.

Lo anterior fue expresado durante la ceremonia de inauguración del 4to. Festival Cultural “Martín Reolín Varejón” y la entrega de obras de infraestructura realizado en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay de esa localidad, en donde destacó que uno de los ejes rectores de su gobierno es el respeto a los Derechos Humanos y sobre él giran muchas de sus acciones, políticas así como programas.

En presencia de algunos de los coordinadores parlamentarios del Congreso local, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Cruz Juvenal Roa Sánchez; del Partido Nueva Alianza, Aquiles Cortés López; de Encuentro Social, Mario Salcedo; y del Partido Verde, Francisco Abundis, Ávila Villegas manifestó que en ánimo de colaboración, así como respeto entre ambos poderes se emprenda esa acción de inconstitucionalidad respecto a dicha Ley, puesto que el Ejecutivo carece de esa facultad.

Lo anterior ante las inconformidades por la llamada “Ley Atenco”, expresadas por diversas organizaciones civiles, partidos políticos de izquierda y otros sectores de la población, respecto a la presunta violación a los Derechos Humanos por el uso de armas o la represión en manifestaciones.

En ese sentido, el gobernador se dijo respetuoso de todas las voces, mismas que son escuchadas, no obstante, la ley “lejos de dañar derechos humanos tiene como objeto regular la ley”.

Sin embargo, argumentó que la iniciativa enviada al Congreso local cumple con las recomendaciones hechas por instituciones que protegen los Derechos Humanos, al ejemplificar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Agregó que el espíritu de dicha Ley es que el uso de la fuerza pública establezca protocolos en la materia y no dejarlo a criterio del comandante en turno, comisario o elemento policía para actuar al evitar “que cada quien haga lo que cree que puede hacer o debe hacer”.

Reiteró que el análisis de la SCJN es la única vía que la Constitución Mexicana contempla para su análisis, por lo tanto, será a quien se le pedirá revise la Ley para ver si es respetuosa de los Derechos Humanos y los argumentos son los correctos.

Además, ello puede servir de parámetro para leyes similares en otros estados de la República Mexicana, puntualizó.