La diputada panista señaló que el Poder Judicial del Estado de México, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y el de Conciliación y Arbitraje y Electoral, son las instancias que deben indemnizar a las víctimas.
*Tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligan al Estado Mexicano a esta acción.
Con el propósito de que las personas sentenciadas por un error judicial tengan derecho a ser indemnizadas bajo las condiciones y características que la ley prevé, la diputada Nelyda Mociños Jiménez presentó iniciativa para reformar la Constitución Política del estado de México.
La legisladora panista detalló que la propuesta pretende que por la función jurisdiccional que realizan el Poder Judicial del Estado de México, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y el de Conciliación y Arbitraje y Electoral, sean las instancias que indemnicen a los gobernados.
Durante la segunda Sesión de la Diputación Permanente, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mociños Jiménez dijo que el estado de México ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a indemnizar a sus ciudadanos por error judicial, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó que el error judicial no es exclusivo de una determinada materia, como la civil, penal o mercantil, porque se puede presentar en cualquier caso, por ello se busca que este derecho, posterior a su reconocimiento, deberá ser reglamentado y delimitado por una ley secundaria.
En este sentido, dijo que la falta de legislación sobre el derecho a la indemnización judicial puede ser posible, “pero para que los ciudadanos lo conozcan y tenga fuerza constitucional como derecho humano, es necesario reconocerlo en la Constitución Local.
“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se ha destacado por formular iniciativas que aseguren un gobierno transparente, honesto y eficaz, para que los ciudadanos y la sociedad en general, tengan la certeza de la calidad de los servicios públicos que recibe de los gobiernos, y de la capacidad de sus funcionarios para desempeñar su trabajo”.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su análisis y estudio.
