Ángel, de 30 años y de origen hondureño, llegó a México en septiembre de 2017. Su trayecto no fue como el de cualquier viajero. Él huyó de su tierra. Abandonar a su familia, sus costumbres y los pocos bienes materiales que había conseguido gracias a su trabajo no fue fácil, pero las constantes amenazas de muerte de los narcotraficantes lo convirtieron en un prisionero en su casa. La única salida fue cruzar la frontera.

“Yo no tenía ganas de dejar mi país, ni a mi familia. No lo hice porque quisiera. No tuve otra opción. Si estoy aquí no es para hacerle daño a nadie, simplemente vine a defender mi vida, la de mi familia y poder trabajar acá”, relata este hombre.

Entre 2013 y 2017, otros 30 mil 249 casos como el de Ángel llegaron a México, todos en búsqueda de una salida a la violencia que emana de sus países. Pero solicitar refugio a una nación ajena es un trámite en el que impera la incertidumbre. Concluir el proceso no asegura una respuesta favorable. De los 15 mil 336 solicitantes que sí llegaron al final, sólo 6 mil 803 lograron quedarse como refugiados.

El resto, es decir, más de 14 mil, abandonaron su sueño o siguen en espera de que el gobierno mexicano los ayude.

Cada año, en promedio, mil 400 extranjeros se dieron por vencidos en su búsqueda de hallar una oportunidad en la República por la vía legal. El tiempo de espera fue el principal detonante. Hasta la última actualización, de diciembre de 2017, 7 mil 834 aún esperan una respuesta. Su futuro en el país está en el limbo. Esta situación se recrudeció desde octubre de 2017, cuando, a causa del sismo del 19 de septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) emitió una suspensión de plazos. Esto quiere decir que, aunque es posible solicitar el asilo en la nación, el tiempo de respuesta, que antes era de 45 a 90 días, ahora no tiene límite.

“El sistema de asilo en México está debilitado, especialmente desde la suspensión de plazos de la Comar. Esta narrativa de ser una nación de puertas abiertas está en teoría, pero no en los hechos”, explica Paulo Martínez, encargado de comunicación de la organización civil Sin Fronteras.

La vida de Ángel está en pausa. Durante su paso por un albergue en la ciudad de Querétaro, otro hondureño lo alentó a moverse a la capital. Ahí llegó con organizaciones civiles que cubrieron el papel del gobierno: le brindaron asesoría legal, asistencia sicológica y le dieron un lugar para dormir, pero desde noviembre de 2017 no ha vuelto a tener comunicación con las autoridades. Lleva más de 120 días viviendo en México y sólo ha logrado concretar 15% de su proceso. No puede tener un trabajo y tampoco una nueva vivienda para traer a su hijo y a su esposa.

“En México se habla mucho de lo que se compromete a nivel de derechos humanos, pero a la hora de la práctica todo queda en letra muerta. Las personas se quedan en el limbo esperando la resolución de su trámite. La sociedad civil es la que está ayudando a una asistencia inicial”, asegura Carolina Carreño, de la organización Sin Fronteras.

Las organizaciones civiles están cumpliendo con una tarea que no es suya y que les trae más gastos. Al mes, un refugiado les cuesta alrededor de 20 mil pesos. A esto se le tiene que sumar la constante tendencia en aumento. Únicamente en 2017 se registró la mayor cifra de solicitudes de asilo: 14 mil 594. Las proyecciones de la ONU aseguran que este número seguirá en aumento.

“Estamos haciendo una labor que el gobierno debería realizar. Pero esto ha sido histórico y no ha cambiado, al contrario, ha empeorado y no es fácil. El costo de atender personas refugiadas se ha disparado”, explica el doctor Marco Galicia, director de Casa de los Amigos, refugio en el que actualmente gastan un promedio de 60 mil pesos únicamente en los gastos básicos de tres refugiados.