El abogado Luis Ángel Salas explicó que el martes acudieron a declarar ante un juez los obispos Jonás Guerrero Corona y Marcelino Hernández Rodríguez, pues se investiga si “hay o no responsabilidad de integrantes de la Iglesia, de encubrir, de ocultar información o conductas” en el caso del sacerdote pederasta Carlos López Valdés.

En entrevista para Aristegui Noticias, aseguró que de acuerdo con pruebas documentales, ambos “tenían conocimiento de los abusos del sacerdote”, quien actualmente se encuentra preso, acusado de abusar a un niño. Pero advirtió: “sabemos que el de Jesús no es el único caso”.

Refirió una prueba contundente: “ofrecimos un disco de 800 fotografías donde aparece Carlos López Valdés teniendo relaciones explícitamente con Jesús Romero Colín pero también con otros niños. Ese disco fue dañado en manos de la Procuraduría (de la Ciudad de México) y el juez lo deshechó como prueba, no lo podemos utilizar como un elemento probatorio”.

A la Procuraduría de Justicia capitalina la acusó de perder evidencia así como ocultar información en este caso.

Salas manifestó su sorpresa por la movilización de la Iglesia el martes en el juzgado, hasta donde incluso llegó el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez.

“No entendemos esta situación… los testigos no necesitan abogados, sin embargo llegaron un séquito de abogados para rendir su testimonio… se evidencia la manera como opera y se comporta la iglesia”, criticó.

Recordó que la denuncia se interpuso en agosto de 2007, aunque “los abusos se dieron en el año de 1994 hasta el año de 1999”. Aseveró que Jesús Romero Colín -la víctima- fue abusado sexualmente “inumerables veces… en la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan”.

Tras interponer su denuncia -a los 24 años-, Jesús “inicia un viacrucis en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México”, pues “durante 9 años trató de prescibir los delitos, trató de no ejercer acción penal, ocultaba información, no realizaba las diligencias pertinentes”, señaló.

Fue hasta 2015 cuando la Comisión de Derechos Humanos de la capital emitió una recomendación en la que documenta “violación al derecho humano de la justicia”, la cual fue aceptada por la Procuraduría.

Cuando al fin actuó la dependencia, el sacerdote fue detenido, “se encuentra desde hace dos meses en el Reclusorio Oriente”.

“Ellos (los obispos testigos) sí tuvieron conocimiento, eso se lo hicimos saber al juez… el juez determina que es procedente que ellos rindan su testimonio”, precisó.