No es nuevo decir que los contratos no se transparentan y sólo los defensores y los defendidos saben cuánto le toca a cada quién
En la última década una mafia se ha apoderado de los Derechos Humanos. Con una bandera de bondad, se apodera de casos emblemáticos contra el Estado para poder sacar dinero. Utilizan el argumento de la tortura para sacar dinero y lo peor, que cobran mejor que las víctimas de los delitos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene tres ejemplos claros de cómo funciona esta red de corrupción para cobrar una reparación de daños:
1. El 28 de septiembre de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 52/2012. En ella se lee que el 14 de marzo de 2011 una mujer desapareció en Ensenada, Baja California. Al momento de la detención la mujer llevaba 5 kilos de mariguana, se presume que la repartía en la entidad. Asesorada por la ONG argumentó tortura en su detención y además dijo que abusaron sexualmente de ella, por lo que pidió una reparación de daños. Al final le dieron más de 4 millones de pesos con cargo al Fondo para Reparación a Víctimas de la CEAV.
2. El 16 de diciembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 87/2011. En ella explican la detención de 25 personas -2 ciudadanos y 23 elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California- por estar relacionados con el crimen organizado. Asesorados por la misma ONG argumentaron maltratos y tortura, recibieron casi 17 millones de pesos del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y…
3. Por el caso Rosendo Padilla, un hombre de Atoyac, Guerrero que habría sido desaparecido por militares hace 41 años, luego de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -la que hoy defiende a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, habrían cobrado 25 mil dólares, que al tipo de cambio de 2009, es decir, cerca 325 mil pesos.
Tan sólo de estos tres casos son más de 20 millones de pesos, justo esa cantidad es la que se le asigna a los diputados para obras públicas de sus distritos. Y estos son los casos que conocemos.
De hecho se sabe que en el emblemático caso de Alfonso Martín del Campo, que también está llevando la misma ONG, pedirán una reparación de daños por 25 millones de pesos. Dicho de otro modo, que con estos cuatro casos ganarán más de 45 millones de pesos.
Es importante destacar que las dos recomendaciones de que hizo la CNDH -2011 y 2012-, se dieron cuando Raúl Plascencia Villanueva era el presidente de la CNDH. Cabe mencionar que en los dos casos no se realizó el protocolo de Estambul que sirve para probar la tortura, de acuerdo con el Itinerario Político de Ricardo Alemán.
También hay que mencionar que Mariclare Acosta, fundó esta ONG en 1989 y sigue siendo miembro del Consejo Directivo. Los mismo que en el CEJIL, fundado en 1991.
Por si no fuera poco, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dirigida por José Antonio Guevara -quien por cierto es miembro del Grupo de Trabajo de ONU sobre Detención Arbitraria-, habría obtenido una remuneración económica aun cuando se ostenta como una Asociación Civil sin fines de lucro.
No es nuevo decir que los contratos no se transparentan y sólo los defensores y los defendidos saben cuánto le toca a cada quién.
