La decisión de México de reconocer el 28 de octubre pasado la legitimidad de la victoria de Evo Morales para reelegirse en los comicios presidenciales del 20 de ese mes en Bolivia y de apoyar luego al mandatario para denunciar su dimisión como obligada por un golpe de Estado que interrumpió su mandato, que debía concluir el 22 de enero de 2020, puso en duda la política exterior mexicana de no intervenir en asuntos internos de otras naciones.

Aunque el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, alegó el 12 noviembre anterior, al recibir a Morales como asilado político en México, que su gobierno nunca entró a calificar las elecciones bolivianas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí lo hizo en un mensaje en Twitter en el que anunció que “felicité por teléfono” al mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, y a Morales.

Los dos “triunfaron en elecciones libres y democráticas en sus países”, precisó López Obrador el 28 de octubre, al emitir ambos calificativos sobre la consulta a los bolivianos en las urnas.

Bajo este concepto, ¿tomó partido México en el caso de Morales al apresurarse a reconocer su triunfo, al igual que de previo lo hicieron Cuba, Venezuela o Nicaragua, piezas vitales del eje americano anti—Washington, pese a los agudos cuestionamientos de fraude y a que la situación electoral en Bolivia, como problema interno de los bolivianos, todavía sufría zozobra por las denunciadas irregularidades?

¿Por qué México se precipitó al reconocer la victoria de Morales en momentos en que había muchos extremos pendientes de aclarar en el conflicto electoral de Bolivia, con revelaciones de que, al insistir desde un inicio en que su reelección fue legal, el entonces gobernante irrespetó el derecho del pueblo boliviano a su libre autodeterminación?

“Esto demuestra que [en México] hay una gran hipocresía”, aseguró el diplomático boliviano Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en Estados Unidos, y expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. “La política exterior [mexicana] lamentablemente está guiada por la prioridad de las ideologías sobre la democracia”, indicó Aparicio a EL UNIVERSAL.

“Me parece una precipitación que el presidente de México se haya lanzado a reconocer a Morales” antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara, a solicitud de Morales, una auditoría vincula sobre las elecciones, agregó.

La auditoría confirmó “la existencia de un fraude gigantesco”, recordó, al recalcar que fue “poco prudente haber apoyado una elección antes de saber el resultado” de ese trabajo de la OEA. “Como dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, en Bolivia el golpe lo dio Evo Morales el 20 de octubre cuando hizo ese fraude de semejante magnitud y se robó el voto de los bolivianos”, subrayó.

Regla esencial. La actuación de México en el caso boliviano respondió a lo que Ebrard consideró el 11 de este mes, al pronunciarse sobre el conflicto en Bolivia, como respaldo al “primer y esencial artículo que fundó” la OEA y que “es la defensa de las libertades y la democracia”.

Morales fue víctima de un golpe de Estado en un escenario de “gravedad” al interrumpirse su mandato y debe respetarse el orden constitucional en Bolivia, adujo Ebrard, al referirse a la presión de las cúpulas militares y policiales bolivianas sobre el ahora exgobernante.

“El gobierno mexicano no esperó” a que las autoridades electorales de Bolivia emitieran su veredicto final e hicieran la proclamación oficial de Morales como vencedor y como presidente reelecto, dijo el diplomático costarricense Enrique Castillo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y ex embajador de este país en la Organización de Estados Americanos, Reino Unido y Francia.

A una consulta de este diario, Castillo explicó que la actitud de México “también se debe interpretar como un gesto de respaldo político para el candidato que gozaba de la simpatía del gobierno mexicano. Ese respaldo no está sujeto a ninguna regla más que la libre actuación de un país en el campo político internacional”.

Irregularidades en las elecciones de Bolivia. Una auditoría de la OEA evidenció irregularidades electorales y, el pasado domingo, Morales las reconoció y aceptó convocar a nuevos comicios en medio de una masiva movilización de los frentes opositores que exigieron su renuncia.

En una incontenible oleada en las semanas siguientes, la situación se agravó el mismo domingo 10 de noviembre luego de que las cúpulas militares y policiales bolivianas le sugirieron al primer mandatario indígena de Bolivia que renunciara para evitar mayores conflictos y preservar la paz. Morales aceptó y el lunes por la noche viajó a México como asilado político.

En este panorama, los principios fundamentales de la política exterior mexicana, con amparo constitucional, de evitar inmiscuirse en las cuestiones internas de otros Estados y de la libre autodeterminación de los pueblos entraron en juego en el conflicto boliviano.

Ante otros golpes o asonadas militares, como los que ocurrieron en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en América Latina y el Caribe, y en estricto o riguroso apego a la máxima constitucional, México reafirmó su política de reconocimiento a los Estados, más allá de reconocer a los gobiernos.

Caso Nicolás Maduro. ¿Por qué México evitó actuar de la misma forma ante un escenario similar al de Bolivia, como el de las elecciones por las que el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alegó haberse reelegido legalmente en mayo de 2018, pese a que se desarrollaron sin una real participación de los partidos políticos opositores, que tildaron el proceso de farsa? Maduro ratificó que su reelección fue legal y democrática. Maduro replicó que fue legítima.

En su primera gran medida de política internacional, López Obrador decidió el pasado 4 de enero salirse del Grupo de Lima, fundado en 2017 por un grupo de países americanos (incluido México) en Perú como foro de consulta y concertación sobre Venezuela, y rechazó firmar una proclama que ese bloque emitió para desconocer a Maduro como presidente venezolano a partir del 10 de enero anterior y aducir que su reelección fue antidemocrática.

México ratificó su reconocimiento a Maduro, cuya presencia el primero de diciembre de 2018 en la toma de posesión de López Obrador de la presidencia generó controversia política.

Relación de México con las dictaduras. México rompió nexos diplomáticos con Chile en 1974, tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet que en 1973 derrocó al presidente Salvador Allende, y los nexos bilaterales fueron restablecidos en 1990 con el retorno de la democracia chilena.

En junio de 1979, y en un momento cúspide de la guerra civil en Nicaragua entre tropas del régimen de la familia Somoza y guerrillas del hoy gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua, que cayó en julio de ese año.

En otra gestión mexicana trascendente internacional, y más allá de su política de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, México se alió a Francia y reconoció en 1981 a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, y a su eje político, el Frente Democrático Revolucionario (FDR), como fuerzas beligerantes en ese país.