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viernes 23 de agosto del 2019

Más de 100 ciudadanos defienden a la CNDH, luego de que AMLO descalificara su trabajo

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Un grupo de más de 100 ciudadanos, académicos y activistas envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para expresar su “más enérgica protesta por la inaceptable agresión del gobierno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)” y advierten un intento por desaparecer al organismo nacional.

De acuerdo con los firmantes, luego de que la Comisión emitiera la recomendación 29/2019, el gobierno federal expresó su rechazo en un documento en el que “señala, sin ningún fundamento, que la recomendación es aberrante” porque la CNDH supuestamente no defendió “al pueblo” de las “atrocidades” cometidas “durante el periodo autoritario neoliberal”.

A López Obrador le reclaman que, por su parte, él “ha dicho que la recomendación es una vergüenza”.

Los ciudadanos que firman la carta, entre los que se encuentran los empresarios Alejandro Martí, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, la escritora Ángeles Mastretta, los especialistas Edna Jaime, María Amparo Casar y Alejandro Hope, entre otros, defienden que la CNDH “ha realizado una labor objetiva y profesional, ejerciendo su autonomía, y ha emitido las recomendaciones pertinentes en las ocasiones en que ha comprobado las violaciones a derechos humanos”.

“En incontables asuntos, la intervención de la CNDH y demás organismos constitucionales autónomos de defensa de derechos humanos en particular, como el INAI y el INE, han evitado o detenido injusticias, y han logrado que se resarzan los derechos de las víctimas de abusos de poder”, destacaron.

Por ello, señalaron que “las injurias contenidas en el oficio de ‘rechazo’ a la recomendación no parecen motivadas en la ignorancia de las tareas y los logros de los organismos defensores de derechos humanos, sino en el propósito de desprestigiarlos y así abrir las puertas al proyecto de reforma constitucional anunciado, en virtud del cual desaparecerían la CNDH y los organismos locales en la materia”.

En lugar de ellos, dijeron que se podría dar lugar “a una Defensoría del Pueblo con representantes en las entidades federativas. No hace falta ser demasiado perspicaz para comprender que lo que se pretende es quitar al ombudsman su autonomía, sin la cual ya no sería un auténtico ombudsman”.

Sobre la recomendación que se refiere a la cancelación del apoyo gubernamental a las estancias infantiles, los firmantes aseguraron que esta no es una vergüenza, y que busca proteger el interés superior de la infancia en su primera etapa y garantizar el derecho de las madres y padres más pobres a estudiar o trabajar dejando a sus hijos al resguardo de profesionales.

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Finalmente, expresaron que el combate a “las tropelías de la autoridad exige un cambio de actitud. Con toda firmeza, declaramos que de ninguna manera admitiremos que se aniquile el sistema no jurisdiccional en defensa de los derechos humanos, incluyendo a los organismos constitucionales autónomos”.

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