Han llegado al poder con el apoyo popular; al poco tiempo ni su partido los puede apoyar
A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha buscado por todas las formas dar una buena impresión al público que ha elegido esa opción política sus propios militantes, particularmente los alcaldes, se ha vuelto impresentables y el mismo instituto político reniega de haberlos postulado.
Colaborar en homicidios y extorsiones, brindar protección a delincuentes e incluso ordenar la desaparición de personas son algunos delitos por los que las autoridades han detenido los munícipes en varias entidades del país.
Uriel Chávez Mendoza
Su aprehensión fue la primera contra alcaldes de Michoacán presuntamente ligados al grupo delictivo Los Caballeros Templarios, en el marco del operativo especial que el gobierno federal lanzó en el estado a principios de 2014, bajo el mando del comisionado Alfredo Castillo.
Chávez Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernaba Apatzingán y fue detenido el 15 de abril acusado de exigir dinero a regidores para entregarlo a delincuentes. Actualmente está formalmente preso.
Jesús Cruz Valencia
El 13 de mayo de ese mismo año se dio a conocer la del alcalde michoacano de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, del PRI, por presunta delincuencia organizada y colaboración con Los Caballeros Templarios. Actualmente Cruz Valencia está formalmente preso.
Dalia Santana Pineda
El arresto de Dalia Santana Pineda, del PRI, alcaldesa de Huteamo, ocurrió el 14 de agosto y se atribuyó a que presuntamente ha colaborado en homicidios y extorsiones. Días después de su aprehensión se le dictó auto de formal prisión.
Vicente Pacheco Simón
El alcalde de Charapan fue acusado de enriquecimiento ilícito, ya que adquirió diversos vehículos como servidor público, sobre todo autobuses.
César Miguel Peñaloza Santana
El 16 de diciembre de 2015 fue detenido, el ex alcalde de Cocula, por su presunta responsabilidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada. Durante su administración se registró la agresión contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
El extremo de esa aversión es caso del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, quien fue atacado a balazos por manifestantes que participaban en una multitudinaria protesta en la plaza central de la localidad.
Otros, que sólo quedan en carácter de sospecha son el caso del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, cuyo hermano Filiberto de la Garza fue implicado en una presunta red de corrupción en Quintana Roo, liderada por el gobernador de aquel estado, Roberto Borge, según la revista Expansión.
Lo anterior es sólo una muestra, pues a nivel local es donde hay el mayor número de homicidios, denuncias por corrupción y otros delitos, así como sospecha sobre los presidentes municipales del tricolor, que lo obligan a mantener los ojos abiertos no le vayan a meter otro autogol.
