El problema de la contaminación ambiental en el Valle de México, manejado con libertinaje en la parte que le toca a los gobiernos capitalino y mexiquense habituados ya a “resolver” a tontas y a locas contingencias de todo tipo, ilustra de sobra que su origen radica no solamente en la circulación lenta de más de cuatro y medio millones de vehículos, sino por una burocracia chapucera, improvisada y holgazana.

Por añadidura, la decisión que se atribuyó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, que en desprecio compite a brazo partido con su escudo la Comisión Ambiental Metropolitana, de imponer a rajatabla desde el 5 de abril y “durante tres meses” el desprestigiado programa “Hoy no circula” normal y sabatino a todas las unidades automotrices, sin importar modelo y estado mecánico, muestra un inmenso arrebato del funcionario, derivado quizá por el conflicto político que le enchufó el gobierno federal al exhibirlo como ineficaz hasta las cachas.

Puesto a trabajar (algo realmente peliagudo), el “equipo” de Mancera “resolvió” en unos cuantos días lo que no hizo en años de pereza: dañar más en su parte medular a millones de capitalinos, mexiquenses y visitantes urgidos de medios para trasladarse.
Sin alternativas de transporte viable, eficiente y suficiente como resultado de la ociosidad burocrática que ataca antes que prevenir, entre las patas se lleva a productores, comerciantes, enfermos, particulares, discapacitados, estudiantes, empleados, obreros… Las pérdidas económicas, como suele suceder, son incuantificables. Y lo peor: la contaminación, como madre de todas las excusas oficiales, no cede.

La tozudez que refleja la camada de funcionarios federales y locales que, en estricto apego a su libertad para abusar, dispusieron “exportar” a los estados vecinos la tiranita medida, es una abierta invitación a seguir reflexionando sobre en manos de quién está la ciudadanía, porque ni los estudiosos de a de veras los convencen: ningún plan funcionará si el gobierno no hace la parte que le corresponde, desestimular el uso del automóvil particular articulando un servicio de transporte público efectivo y regulando realmente todos los procesos productivos y de reordenamiento del tránsito que influyen en el deterioro del ambiente.
Y proponen algo difícilmente posible: los planes de protección ambiental deben ser integrales y requieren atención y actualización permanentes… para evitar ocurrencias ofensivas, como la de prestar de manera gratuita el servicio de transporte en Metro (cuyo distintivo es que siempre está a reventar), y en autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Trolebús que por su parte habitualmente están tirados a media calle como lo que son: chatarra inservible y causante de más contaminación por los terribles tapones viales que genera.

La inutilidad de sus propios inventos, le recuerdan los estudiosos al gobierno (a cualquier gobierno), les pegó de frente: en la dramatizada contingencia ambiental de marzo en el Valle de México, fue rabioso el rigor en contra del uso de los automóviles particulares… y los niveles de contaminación (de acuerdo con las sospechosas mediciones) se mantuvieron a la alza, aún cuando se atravesó la Semana Santa (no es que alguna divinidad la viniera a reducir, sino porque el Valle de México se medio vacía de autos).

Ha sido tan disipada la forma en que en esta materia se conducen Mancera y contertulios (en otros asuntos andan por las mismas), que violan su propia lógica de que la “solución” al atolladero ambiental sigue siendo la costosa, corrupta y continua verificación de los automóviles y unidades de carga y transporte, cuando la realidad les demuestra lo contrario. Mientras, el usuario antepone su lógica que dejar de circular, por ejemplo, un flamante auto nuevo un día o dos a la semana, significaría desterrar los hologramas y los verificentros, algo que se antoja remoto porque sería renunciar a una gigantesca vía de ingresos de los gobiernos.

Con inusitada inventiva, el “jefe” Mancera aprovechó su plan aniquilador de automovilistas y le devolvió al presidente Enrique Peña Nieto el raspón político por mostrarlo poco menos que inútil: le exigió presupuestos millonarios para renovar y ampliar el parque de vehículos del transporte público. Venganza al canto porque embarra al gobierno federal al inducir que el desastre es por falta de inversión pública.

ATROPELLA, QUE ALGO QUEDA
Lo cierto es que, aparte de las vendettas políticas que se prodigan, las disparatadas autoridades que padecen millones de mexicanos reafirman que perdieron (si alguna vez tuvieron) la vocación de servir y, en cambio, instituyeron ya la vocación por el atropello.

La interpretación de un plan integral para prevenir la contaminación, a como se ve, pudiera tener connotaciones distintas, pero la del gobierno es para preocupar. Porque para el ciudadano común otras reliquias de lo inexplicable es que mientras se intenta agilizar el tránsito vehicular como mecanismo para contaminar menos, se reglamenta la reducción de la velocidad vehicular, concesionando a particulares -con profundas huellas de corrupción- el manejo de las fotomultas.
Frente a ello, al contribuyente indefenso no le queda más que ridiculizarlas con los propios “razonamientos” oficiales. Hiriente, para que duela, sostiene que en su calentura para sancionar brutalmente el exceso de velocidad, la autoridad capitalina incongruente y democráticamente reduce la posibilidad de morir en accidentes automovilísticos… pero orilla a respirar los gases mortales que producen los autos en lenta circulación.

Hay más: el mantenimiento y manejo del sistema de semáforos (también concesionado) es risible; los agentes de tránsito son verdaderos magos porque solamente aparecen para extorsionar e infraccionar, jamás para deshacer los apretados nudos viales; el servicio de grúas apoya exclusivamente a la economía de los concesionarios, jamás a los conductores en apuros por desperfectos mecánicos y que provocan (fíjese usted) trastornos viales y, en consecuencia, contaminación ambiental.
En suma, pareciera que la necesidad de transporte en la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México, es un invento de la población que se tiene que andar con más cuidado, porque los “tres meses” de la genialidad a favor del ambiente, podrían enraizarse y convertirse en la versión mancerista de “morir juntos”.

Y si quienes promueven el uso libre de la marihuana no han tenido suficientes elementos como para convencerse del daño irreversible que ocasiona, el gobierno de la Ciudad de México les da una nueva oportunidad de escarmentar.
No es indispensable ser mal pensado, pero es que solamente así, con un “pasón” de antología, se puede entender la despótica decisión “ambientalista”.