Un juez federal declaró que la integridad física y personal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un tema que importa a todos los mexicanos pero que la falta de medidas de seguridad para el titular del Ejecutivo no violenta los derechos humanos de ningún ciudadano.

Por ello, desechó la solicitud de amparo que tramitó un ciudadano contra la decisión de López Obrador de eliminar al Estado Mayor como responsable de su seguridad pues indicó que esto no afecta en lo particular al quejoso.

“La integridad física y personal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es una cuestión que resulta importante para todos los mexicanos, pero que de ningún modo se convierte en un interés legítimo”, precisó el juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.

“El quejoso carece de interés jurídico o legítimo [ausencia de interés] para impugnar la omisión del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de contar con personal que garantice su seguridad física personal, toda vez que dicha omisión no incide sobre algún derecho humano, razón por la cual, no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica”.

Una de las primeras decisiones del nuevo titular del Ejecutivo fue ordenar la desaparición del Estado Mayor y la reducción considerable del personal encargado de su seguridad.

Derivado de ello, durante las primeras conferencias matutinas que ofreció en Palacio Nacional, diversas personas ingresaron al recinto burlando la seguridad para abordarlo y hacerle peticiones personales.

Por esta razón los filtros por los que los representantes de medios de comunicación que acuden a las conferencias fueron incrementados.