México cayó tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global.
El país, la decimoquinta economía del mundo, sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano.
Los 28 puntos en los que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica.
Dentro de Latinoamérica, en cuanto a corrupción México está por debajo de Argentina que logró posicionarse en el lugar 111.
También, México está apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.
Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México, identifica que el grueso de las medidas adoptadas es de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.
En ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política. “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, señaló Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.
En cuanto a las sanciones penales, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 2013 y 2016, sólo 2.9% terminaron en condena. Por lo que toca al cohecho internacional, Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999. Desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha sido sancionada.
De acuerdo con el informe, el marco legal anticorrupción aprobado en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad. A tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional como sistema. Siguen sin ser nombrados los titulares de las fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos. El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales.
