Para darle más vuelta y ganar tiempo con el privilegio del fuero, los legisladores se disputan la paternidad de la propuesta; sin embargo, esta va con ciertos candados, en la cual se contemplan ciertas razones para mantener el fuero constitucional que impide que un político sea juzgado.

En las semanas recientes, en el Congreso se han manifestado voces de distintos partidos por eliminar o regular el fuero de los legisladores. Hasta ahora se ha impuesto la postura de mantener ese privilegio y flexibilizar sus procedimientos contra quienes resulten responsables de actos graves contra el interés público y la sociedad.

Las tres propuestas advierten del resquebrajamiento de la confianza ciudadana en sus representantes populares, de los graves efectos de la corrupción institucionalizada y de los legisladores en particular. No obstante, quienes interactúan en la Cámara de Diputados y en el Senado, con participación activa en el sistema político reprobado, no aceptan del todo abandonar sus privilegios, que hasta ahora se han convertido en impunidad.

La semana anterior, el nuevo presidente de la Comisión de Puntos, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Daniel Ordoñez, notificó que dicha instancia será citada el jueves de esta semana para dictaminar el tema en cuestión.

El pasado jueves 12 de abril, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la iniciativa anunciada por su candidato presidencial, José Antonio Meade, cuyo propósito es eliminar el fuero, incluyendo al Presidente de la República.

Georgina Zapata (PRI) presentó una iniciativa que busca transitar hacia un régimen en que el fuero cumpla su función original, que radica en proteger a los servidores públicos en el ejercicio de su encargo, ya sea que éste implique la expresión de ideas (legisladores), la imposición de sanciones (funcionarios del Poder Judicial o entes autónomos) o el normal ejercicio de la administración pública federal (titulares del Ejecutivo y de los secretarios de despacho).

Esa proposición lleva implícita la protección de los sujetos a quienes se aplicaría: Es decir, que los servidores públicos puedan desempeñar las funciones inherentes a sus cargos sin ningún tipo de represalia, al tiempo que se evita que éstos abusen de los puestos que ocupen.

También Movimiento Ciudadano elaboró una propuesta, que contiene más matices que una solución de fondo al dilema de seguir protegiendo con la ley a legisladores corruptos o delincuentes, con notable ambigüedad y fundado en el concepto de pertinencia, el cual considera que es necesario “resolver la tensión entre un mecanismo necesario de inviolabilidad para que los legisladores conserven su autonomía frente al resto de los poderes, pero que al mismo tiempo no origine un estado de excepción en el que los integrantes de un poder puedan cometer delitos impunemente frente a miembros de otros poderes o, peor aún, de la sociedad en general.