En enero de 2012, las familias de la comunidad de Ocurague, Sinaloa, tuvieron que elegir entre abandonar sus hogares, sus tierras, su ganado, sus huertos y todas sus pertenencias o unirse a las filas del crimen organizado.

Ya había pasado más de un año desde que grupos armados —se presume que de la organización de los Beltrán Leyva— se habían apoderado de la sierra. Los vecinos se acostumbraron a pasar la noche escondidos entre matorrales cada que escuchaban “el zumbar” de camionetas y metralletas.

“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo”, cuenta Esperanza Hernández, habitante de esa región y vocera de al menos 600 familias de 40 comunidades sinaloenses que han sido desplazadas por la violencia del crimen organizado en esa entidad.

Aunque ella misma ha presentado esos casos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, el tema de los desplazados por violencia es invisible en el país, coinciden investigadores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

“Es un fenómeno ignorado. No tenemos, no existen los mecanismos adecuados para poder medir el fenómeno y por lo tanto atenderlo. Nosotros tenemos evidencia de que por lo menos 30 mil personas han sido desplazadas de Chiapas. Sabemos por el censo de población que ha realizado Doña Esperanza que entre 6 mil y 8 mil personas han sido desplazadas en Sinaloa y es sólo de los municipios donde ella ha estado presente.

“Sabemos que en el Valle de Juárez han sido desplazadas 135 mil personas, pero no tenemos forma de contabilizar desplazados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y otros estados de la república con problema de desplazamiento.

“Entonces si me preguntan una cifra, no la tengo, no existe, pero tenemos certeza que al menos son 170 mil personas desplazadas por violencia en México”, explica Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, presentado este jueves.

Sin cifras oficiales sobre cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en el país, tanto la investigación de Laura Rubio como la del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) coinciden que los estados más afectados por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Según los testimonios recabados, hasta antes de 2007 el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales y en la región de Chiapas y el sureste del país por el conflicto derivado del movimiento zapatista.

Sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

 Un tema “no atendido”

La autora de la investigación dice que el objetivo de ésta es visibilizar a las víctimas de desplazamiento y llamar la atención del Estado para que se cree un programa de asistencia y se tome en cuenta este fenómeno hoy ignorado.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, dijo durante la presentación del libro que “el fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México y por tanto es un tema no atendido por el Estado”.

Cossio hizo énfasis en la necesidad de acercarse a las víctimas y no ignorarlas, como ocurrió por años con los desaparecidos y secuestrados.

En su testimonio, Esperanza Hernández no sólo describe cómo la violencia la sacó a ella y a otras 600 familias de sus comunidades, también habla de cómo han sido ignorados por autoridades.

Cuenta que en 2013 se reunió con el gobernador estatal, Mario López Valdez, y que el mandatario, simplemente negó que exista un problema de desplazados por violencia.

“El gobernador lo niega. Tuve una audiencia con él el año pasado pero fue una situación muy fea, yo traté de contarle esto pero ni siquiera me dejó empezar, me dijo que él no estaba interesado en historias”.

“Hemos denunciado los hechos y pedimos ayuda humanitaria, esperanzados de que se iban a tomar acciones y nosotros podríamos regresar a nuestras comunidades. Pero pasó el tiempo y la situación de desplazamiento de nosotros ya va para tres años y ni una sola autoridad ha hecho algo para que eso cambie. Hemos hecho gestiones ante los tres niveles de gobierno, diputados del estado, senadores y no tenemos una respuesta”, dice.

Esperanza es vocera de 600 familias desplazadas de la sierra, pero asegura que hay muchas más.

En 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa confirmó que en toda la entidad había 1,200 familias desplazadas por la violencia.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) —que apoyó la investigación— denuncia que las autoridades mexicanas se han negado a reconocer que existe un problema de desplazados por violencia.

“No existen políticas, planes que aborden el problema, son un grupo vulnerable que no es considerado como tal por las mismas autoridades y por lo tanto no existe un plan para atenderlos”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH.

El caso de Esperanza y los otros testimonios recabados en esta investigación muestran cómo el fenómeno ha crecido en los últimos años sin que haya sido atendido.

“Yo veo que ante la falta de respuesta del gobierno los grupos (criminales) están tomando todo lo que es nuestro mientras que nosotros, los que somos desplazados, estamos en una pérdida absoluta de todo”.