“Ya no hay golondrinas en el alambre”, señaló Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina el pasado miércoles, al asegurar que su gobierno no realizará acciones de espionaje.

La organización Artículo 19 señaló que las declaraciones, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, del pasado miércoles 19 de diciembre, “representan un compromiso expreso contra la vigilancia ilegal y el abuso de las facultades para intervenir comunicaciones”.

“Ya no hay golondrinas en el alambre”, señaló el mandatario durante su conferencia matutina al señalar que su gobierno no realizará acciones de espionaje, postura secundada por el secretario quien aseguró que “no habrá ninguna intervención telefónica que no esté judicializada; y si algún elemento de los cuerpos de seguridad incurriera en esa falla será severamente sancionado”.

Artículo 19 celebró la acción de la nueva administración y señaló que en seguimiento a ésta, el gobierno de López Obrador tiene ante sí la oportunidad de impulsar acciones orientadas a esclarecer los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como delinear las propuestas estructurales que eviten la repetición de violaciones a la privacidad.

La organización apuntó que dada la trascendencia que tiene el tema del espionaje en la realidad mexicana y en reconocimiento de los casos de #GobiernoEspía como una violación grave a los derechos humanos por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo una invitación al actual Gobierno “a reconocer y emprender las recomendaciones del juzgado de Distrito y los relatores especiales sobre libertad de expresión”.

Estas recomendaciones encabezadas por Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se centran en:

1. Dotar de la mayor presunción de publicidad y transparencia (bajo un estándar estrictamente excepcional de reserva) a toda aquella información que brinde evidencia al respecto de los casos de vigilancia y espionaje. Sobre el caso Pegasus, el juzgador observa que es información pública difundible aquella resguardada por la Procuraduría General de la República que versa sobre: el contrato; las características técnicas del software; la capacidad intrusiva del software; si ha sido posible su uso en exceso de competencias constitucionales; los nombres de los servidores públicos que celebraron la contratación y del apoderado legal de la empresa con quien se suscribió; y los antecedentes que originaron el contrato.
2. Asegurar la independencia de la investigación sobre la compra y uso de malware para vigilar y espiar, así como asegurar la incorporación de asistencia técnica durante el proceso. Ello implicaría, de acuerdo a los relatores, examinar e investigar de forma ágil e integral a todos los compradores y usuarios potenciales de Pegasus y a todas las fuentes de información, y proporcionar actualizaciones públicas regulares sobre la situación de la investigación.
3. Iniciar una investigación independiente sobre la posible corrupción, dado que, como señala el juzgador, existen indicios objetivos y razonables que apuntan al uso del software Pegasusen el contexto de actos de corrupción.
4. Comenzar un proceso de parlamento abierto para discutir un marco normativo que proteja a las personas ante interferencias arbitrarias y/o ilegales en su privacidad, incluyendo la protección de sus fuentes periodísticas, en línea con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, de acuerdo a los relatores, sería necesario establecer controles judiciales y garantías para las agencias del Estado que realizan acciones de vigilancia, así como respecto al uso y adquisición de estas herramientas.

(Con información de aristeguinoticias)