La diputada Azucena Cisneros Coss, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura en la entidad, presentó un punto de acuerdo para abrogar el “Decreto número 87, invalidar el decreto expedido el 7 de mayo de 1993, por el entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, “al considerar que es una pensión económica encubierta y uso indebido de recursos públicos”.

La legisladora mexiquense justificó el retiro de 192 funcionarios públicos asignados a seis ex gobernadores mexiquenses, en la urgencia “Contraposición a esa vieja cultura política que dominó el pasado político.

Y la perspectiva de crear nuevas formas del ejercicio del servicio público bajo principios de igualdad, transparencia y austeridad para cerrar la brecha de desigualdad de la clase política y ciudadanía”.

Explicó que necesario poner freno a la opulencia, desigualdad, privilegios y el derroche de los recursos públicos, Para ex gobernadores del estado del México.

“Ninguna pensión, bono o remuneración indebida servidores públicos, resulta compatible con el deseo de transformador de vigencia a los principios de la nación; igualdad y austeridad”.

Detalló que “el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un incremento en la deuda pública del 17.4 por ciento, del año 2013 al 2017”.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, apuntó “Enfrenta un endeudamiento que asciende a 4 mil 184 millones de pesos al cierre de 2017”.

En tanto, seis ex mandatarios estatales, “No sólo hacen uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino también perciben una remuneración, más allá de los señalado por Ley como pensión, liquidación o retiro”.

La diputada Azucena Cisneros, en entrevista indicó que la fracción parlamentaria tiene un documento con información de que cada ex gobernador tiene asignados 32 funcionarios del gobierno del Estado, secretarios, personal de seguridad y administrativo.

Destacó que el personal asignado son policías con un salario de 15 a 20 mil pesos, así como asesores y estimó con un ingreso de 30 a 40 mil pesos. Esos servidores deben ser reasignados en otras funciones. Aunque esa es facultad del ejecutivo, ya que es un reclamo social a las autoridades electas de manera democrática, constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente

Refirió que la XXXVI Legislatura del Estado de México publicó el 18 de julio de 1945, y queda sin efectos el Decreto expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado publicado el 7 de mayo de 1993, en la Gaceta de Gobierno número 86.