Hasta ahora los gobiernos estatales no han podido documentar el gasto de 98 mil 911 millones de pesos para apoyo a infraestructura, deuda pública, seguridad social y salarios entre 2013 y 2015, reportó el diario Milenio.
El órgano fiscalizador también detectó que toda la administración pública federal “no pudieron comprobar el uso de 148 mil 795 millones de pesos”.
Los cinco estados con mayor recursos desviados son Veracruz, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Actualmente hay 16 casos de exgobernadores prófugos de la justicia o bajo un proceso judicial, entre los cuales, destacan el de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, dijo en entrevista con El Financiero-Bloomberg que la mayor parte del dinero robado es utilizado en procesos electorales.
El origen de la corrupción viene por estos procesos. Las desviaciones mayores que hemos observado. No encontramos mayor justificación el que, a parte de que se lo robaron, son tales cúmulos de dinero lo que se puede ir a campañas electorales”.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF
El auditor reconoció que no existen mecanismos de fiscalización que permitan revisar en qué se gastó ese dinero destinado a los partidos políticos.
“No hay forma de demostrar los gastos en campaña, es como el soborno, ¿cómo comprueba un auditor un soborno?”, dijo Portal. “Salido el dinero del banco y en efectivo es imposible seguir la huella, no hay forma”, añadió.
“Creo que debería existir un delito de omisión cuando un titular dice que no se dio cuenta, porque es evidente que los responsables del uso de los recursos, como cabeza de la institución, conocen cuánto les toca y deben saber lo que se gasta. Es difícil que alguien que está manejando unas finanzas importantes para programas no sepa cómo se están desviando”, señaló
El auditor también indicó que la ASF no puede investigar el dinero destinado al Poder Judicial, toda vez que existen mecanismos legales que se lo impiden, tal como ocurre con los altos sueldos que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El problema es que la ley les permite tener un fideicomiso donde guardan recursos importantes, que tengan sueldos arriba de los de todo mundo o que tengan ciertas prestaciones. Está permitido, nos da coraje, pero es legal”, indicó.
