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martes 15 de octubre del 2019

A REVISIÓN MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE TORTURA SEXUAL

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El gobierno federal deberá garantizar el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres luego de comprometerse a cumplir con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDIH) sobre tortura sexual.

El 24 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acatar la sentencia de la CoDIH donde se encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de once mujeres, caso que ocurrió durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 y conocido como Mujeres de Atenco.

Aunque las sentencias del tribunal interamericano son inapelables, en la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador dijo que el Estado mexicano aceptaba la resolución. “Por primera vez México acepta la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco”, dijo.

El mismo día, ante los medios, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez declaró que el Estado mexicano inició el proceso de revisión de esta sentencia, “la cual cumpliremos de manera muy puntual, atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se deriva”.

Señaló que en próximos días daría a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos para ejecutar los resolutivos que reconocen las violaciones sexuales y tortura cometida por policías locales, estatales y federales contra once mujeres en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, en 2006.

Entre las acciones ordenas por la CoIDH está elaborar un plan de fortalecimiento y calendarizado para el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, instrumento creado en 2015 por un acuerdo entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Atenco.

El Mecanismo es operado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Republica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este instrumento también coadyuvan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó el caso Atenco ante el sistema interamericano, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Asociadas por lo Justo y Amnistía Internacional, quienes han documentado casos de tortura sexual.

El Mecanismo tiene como objetivo revisar casos de mujeres denunciantes de tortura sexual para identificar víctimas y buscar la reparación del daño. Dos casos que debió revisar son el de Yecenia Armenta, encarcelada en 2012 y acusada de asesinato, declaración que hizo bajo tortura (fue liberada en 2016); así como el de Verónica Razo Casales, detenida en 2011 y torturada para confesar ser secuestradora.

Sin embargo, en julio de este 2018, Amnistía Internacional elaboró un informe para el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde aseguró que el Mecanismo emitió dictamen sólo en dos casos, lo que generaba serias dudas del compromiso real de las autoridades por poner fin a esta práctica.

De acuerdo con este reporte los casos no se analizan en el Mecanismo, a pesar de que en 2016 Amnistía Internacional documentó 100 casos y de que el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, del Centro Prodh, reconoció 100 casos de mujeres torturadas para acusarlas de delincuencia organizada, de estos documentó 29 casos, ocurridos entre 2014 y 2018.

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