Paulina Castaño, investigadora del Fundar, señaló que, al terminar su sexenio, Enrique Peña Nieto habrá gastado alrededor de 60 mil millones de pesos en publicidad oficial.

Detalló que Televisa y TV Azteca han obtenido contratos por 9 mil 769 millones de pesos, cifra que representa el 26 por ciento del total erogado por el Gobierno federal.

“De seguir con la tendencia en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su Administración” – estimó Castaño.

Asimismo, expuso que, de 2013 a la fecha, el Gobierno federal ha gastado más de 37 mil millones de pesos, lo que significó un sobreejercicio del 71 por ciento respecto al monto aprobado por la Cámara de Diputados, el cual fue de 21 millones 97 mil pesos.

Indicó que la cifra ejercida en publicidad oficial equivale al presupuesto asignado en 2015 y 2016 a la atención y prevención de desastres naturales.

En conferencia, la investigadora del Fundar, junto con otras organizaciones civiles y representantes de instituciones autónomas, demandaron a la Suprema Corte de Justicia conceder un amparo para ordenar al Congreso emitir la ley reglamentaria que regula el gasto en comunicación social a nivel federal y estatal.

Castaño criticó que, en el paquete presupuestal para el próximo año, los legisladores eludieron establecer candados que impidan que las dependencias del Gobierno hagan un sobreejercicio en el porcentaje de publicidad oficial.

“Resulta que la Cámara de Diputados no escuchó nuestras exigencias de meter un límite y candados presupuestarios en este ejercicio; no hay nada que indique que se va a tratar de limitar esta publicidad” – mencionó.

“No hay un control en el Decreto de Presupuesto que diga que se va a establecer tal porcentaje o que no se pueden hacer (reasignaciones) o ampliaciones presupuestarias. Fundar, desde hace 10 años, ha estado pidiendo que en ese decreto se ponga un porcentaje (máximo de ampliación), nosotros peleábamos que fuera de no más del 10 por ciento, porque se sobreejerce hasta el 70 u 80 por ciento (cada año). No dudo, para nada, que el próximo año, como va a ser electoral, pues se va a sobreejercer muchísimo”.

Paulina Cataño consideró que la falta de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, permitió que la mitad de los Gobiernos estatales no proporcionen información detallada, coherente y sistematizada de sus gastos, mientras que entidades como Veracruz emiten acuerdos para reservar los datos relativos a comunicación social con el objetivo de perpetuar el ejercicio discrecional.

“Los sobreejercicios siguen siendo una constante, se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios como el social” – refirió.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, advirtió que los Gobiernos utilizan este dinero como una forma de castigar a los medios que lo critican, censurándolos y violentando el derecho de la sociedad a la libertad de expresión y a la información.

“Los recursos públicos, nuestros impuestos, nuestra lana, debe utilizarse para solución a necesidades públicas urgentes, como es la reconstrucción tras los sismos de septiembre o para generar mejor infraestructura” – apoyó Castaño.

“Nuestro dinero no debe servir para beneficiar a funcionarios o incluso a medios de comunicación. Mi lana no es mordaza”.

Mientras tanto, la consejera del INE, Pamela San Martín, criticó el gran gasto en publicidad oficial mientras el país sufre de carencias sociales.

“Son recursos indignantes en un país como el que tenemos, con las desigualdades, las necesidades que tenemos. El monto que se destina es lastimoso para la sociedad mexicana. Es lastimoso y no tiene límites”.