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DE NORTE A SUR

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A partir de ayer y hasta el 17 de noviembre habrá visita oficial de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. Dicen que viene a comprobar lo mal que están los nativos del país en cuanto a la tenencia de tierras, los megaproyectos, la participación política, el acceso a la justicia y asuntos económicos, sociales y culturales. Esto es, los despojos que sufren, la discriminación que padecen y la falta de justicia que se ha ensañado en ellos desde la llegada del neoliberalismo a México, igual que sucedió con los conquistadores españoles hace más de 500 años.
Antes de salir de Suiza, la funcionaria de la ONU manifestó que revisará los procesos de consultas que se han realizado para buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecta sus tierras, territorios o recursos”. Le adelantamos que esa disposición internacional para nada se cumple en el territorio nacional. Con seguridad los propios indígenas lo confirmarán pues los casos abundan. María Verónica Ibarra García y Edgard Talledos Sánchez, coordinaron una serie de trabajos sobre el tema por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, afirman que se utilizan grandes extensiones territoriales y recursos naturales donde se concentran billonarias inversiones de capital público y privado, nacional e internacional.


Se trata –sostienen los investigadores– de la edificación de vías de comunicación, puentes, túneles, canales, puertos, presas, complejos turísticos, centrales termoeléctricas, que ocasionan sustanciales transformaciones ambientales, políticas y económicas que se traducen en considerables impactos directos e indirectos en las comunidades y en el medio ambiente. En las últimas décadas estos megaproyectos se ponen en marcha debido a la corrupción y el autoritarismo en la asignación de permisos al margen de la legislación vigente y de regulaciones sanitarias y ambientales. En el caso de México estas irregularidades agravan las profundas transformaciones espaciales que ocasionan desplazamientos de la población, degradación ambiental, despojo de agua, tierra y playas. El estudio integra diez trabajos para conceptualizar este fenómeno y analizar así los movimientos de resistencia en los que se aglutinan diversas organizaciones sociales, comunidades rurales, urbanas, académicas y estudiantiles para oponerse a estos proyectos.
La Relatora Especial de la ONU buscará también información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiará las medidas de protección disponibles para líderes y comunidades en riesgo. Durante 10 días, la Sra. Tauli-Corpuz visitará la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas. Se reunirá con autoridades estatales y federales; con organizaciones indígenas y de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los pueblos nativos. Al parecer desde 2003 no venía al país un representante de la ONU de la categoría mencionada a comprobar qué pasa con los indígenas de México, que son más de 16 millones comprendidos en unas 67 etnias.
Uno de los escenarios que encontrará la luchadora de los derechos indígenas de origen filipino es el del ambiente prelectoral que se da con la modalidad de los que aspiran a competir por la Presidencia de la República como candidatos independientes, porque por primera vez los indígenas han propuesto a María de Jesús Patricio Martínez, la conocida Marichuy. Precisamente hoy el escritor Juan Villoro, la antropóloga Alicia Castellanos, la abogada Bárbara Zamora y el exdirector de la ENAH, Gilberto López y Rivas fijarán la posición de la asociación civil Llego la Hora del Florecimiento de los Pueblos, sobre ,los “errores y horrores” que a diario comete el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdoba.
Los intelectuales y luchadores sociales que respaldan a Marichuy denuncian sabotajes y obstáculos en la obtención del apoyo ciudadano para la náhuatl de Jalisco, que en este momento es vocera del Consejo Indígena de Gobierno que recorre territorio nacional con el fin de lograr la simpatía por escrito del 1 % del padrón electoral federal. Con tal objetivo se ha consolidado una red en las 32 entidades del país, con cientos de auxiliares gestores que –acusan—una serie de ataques que solo evidencia un poderoso interés en que Marichuy no logre el propósito de participar en los comicios de julio 2018. En los detalles se han enumerado bloqueos al portal del INE que impiden cualquier trámite; interrupción a telefonía celular e internet en municipios recorridos; información imprecisa o falsa difundida por el INE; fallas técnicas en la aplicación de dispositivos. Todo esto pone en riesgo el hecho histórico de que una mujer indígena, con un amplio apoyo de los pueblos originarios de México, participe en un proceso electoral. En opinión del exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, y de muchos más, las medidas son racistas, clasistas y excluyentes que cierran la puerta a una transformación democrática del país.

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