Friday 29 de March del 2024

“No estamos tan mal”, dice gobernación sobre asesinatos de periodistas

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Roberto Campa, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos declaró a un medio de circulación nacional que “no estamos tan mal” respecto a la cifra de periodistas asesinados este año, ya que hubo más muertos en sexenios anteriores.

El funcionario dijo que fue mayor el número de fallecidos durante los cuatro primeros años del sexenio de Felipe Calderón a comparación de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.

También destacó en entrevista con El Universal, que en el último año de Vicente Fox hubo 10 periodistas asesinados, a comparación de los siete periodistas que van este 2017.

Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿sirve de algo decir que no estamos tan mal? No. Lo que valdría la pena es evitar hacer comparaciones con el fin de minimizar las deficiencias de un sistema de justicia y de las autoridades que no garantizan la seguridad de quienes se dedican al periodismo.

La principal falla viene, también señala el funcionario, de que los periodistas no confían en las instituciones que brindan proteccción, ya sea por la falta de atención oportuna y la corrupción.

Claro ejemplo de lo anterior es que en este sexenio van 46 periodistas asesinados, muchos de los cuales no estaban bajo un programa de protección, por razones que van desde la falta de confianza hasta el desconocimiento de que existía tal ayuda. Siete murieron este 2017. Cuatro permanecen desaparecidos.

Es así que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace cinco años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de 2010, no han resuelto la crisis de derechos humanos en el gremio.

Ante los recientes asesinatos y las exigencias del gremio y la ciudadanía de justicia, el 17 de mayo, EPN anunció una serie de medidas para proteger a los periodistas, sin embargo, estas medidas ya habían sido propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace un año y es hasta ahora que se les retoma, ya que la violencia repuntó.

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