Desde el próximo 8 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral 2018, todos los aspirantes a una postulación presidencial, legislativa o de cualquier tipo y nivel deberán cesar la propaganda en redes sociales, espectaculares, medios impresos o electrónicos, según propone el Instituto Nacional Electoral (INE) en sus reglas de “piso parejo” entre los contendientes.

De no hacerlo y resultar postulados, los gastos que ejercieron durante la etapa en que no cesaron su activismo se les sumarán y contarán para fiscalizar erogaciones y para efecto de topes de precampaña o campaña.

Así, personajes como Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, y otros en esa posición, deberán cesar su difusión y contratación de propaganda. En un artículo transitorio, el INE propone que a partir de que mañana jueves sean votadas por el Consejo General, se retire la propaganda existente y cese la contratación.

El proyecto de lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes de la contienda, presentado ayer martes en la Comisión de Prerrogativas del INE, marca reglas para evitar que alguien se “dé por muerto” como candidato y siga su activismo, pues eso tendrá consecuencias, dijo Favela.

Para los aspirantes que son servidores públicos, se propone prohibir la contratación para difundir informes de gobierno o legislativos, pero no exime la responsabilidad de presentarlos.

El consejero Benito Nacif aclaró que en los espectaculares en los que se anuncia “un libro, de aquí al proceso electoral asumo que es publicidad comercial, pero una vez que inicia sería propaganda electoral”.

Todos los partidos rechazaron la propuesta. Los representantes Ignacio Labra, del PAN, Fernando Vargas, del PRD, y Jaime Castañeda, de Morena advirtieron que las normas acotarán a todos menos a los funcionarios que quieren ser candidatos ni a sus operadores, cuyo despliegue propagandístico y financiero seguirá.

Fustigan a consejeros. Por otro lado, integrantes de la organización Ahora demandaron a los 11 consejeros del INE renuncien a sus cargos para dar paso a un proceso social de búsqueda de nuevos responsables que sí brinden certeza e imparcialidad.

Deben “pedir disculpas al país por haber sido incapaces de reconocer esos miles de millones de pesos en las elecciones de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz” —que han salido a la luz con denuncias penales contra sus ex mandatarios— e irse todos, dijo el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, mientras que Emilio Álvarez Icaza, afirmó que las fallas en la fiscalización demuestran que “no hay árbitro”.